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capital inhumano:

los seis primeros meses del experimento libertario

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En continuidad con el mapa político del gobierno de Javier Milei publicado en la Crisis #61, en esta oportunidad hacemos zoom sobre el Ministerio de Capital Humano. Presentamos una radiografía política a seis meses de su creación, una pormenorizada revisión de la avanzada antiderechos en la administración pública y un análisis del proyecto frustrado del sector más conservador de la alianza ultraderechista.

El conocimiento público de que en los depósitos de Capital Humano había más de cinco toneladas de alimentos prontos a vencer y sin repartir funcionó como detonante para que, a poco de cumplir sus primeros seis meses, el gobierno libertario sufriera un golpe significativo en uno de sus principales experimentos. Cuando todo indicaba que Milei contaba con aval para meterle motosierra hasta a las políticas públicas más elementales, el Juez Sebastian Casanello hizo avanzar una denuncia presentada en febrero por Juan Grabois contra la ministra Sandra Pettovello.

Luego de que Casanello ordenó un allanamiento y puso un ultimátum al gobierno, la ministra, a través de su flamante alfil Leila Gianni, subsecretaria Legal y Técnica del ministerio, apeló y denunció la injerencia de la justicia en el diseño y ejecución de sus políticas, acusando a Casanello de ser militante K. Sin embargo, la Sala II de la Cámara Federal le dio la razón al juez y exigió un plan de distribución en un plazo de 24 horas. Con la ministra contra las cuerdas, se disparó otro escándalo, esta vez protagonizado por su secretario de Niñez, Adolescencia y Familia, Pablo de la Torre, por una presunta red de recaudación ilegal a través de contratados que cobraban sin ir a trabajar.

A continuación se hará foco en esa fractura expuesta a través de una radiografía del primer semestre del ex Ministerio de Desarrollo Social, devaluado y a la vez rebautizado como Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), donde puede verse con claridad cómo se intentó desplegar un nuevo paradigma de intervención estatal exportado desde una experiencia local clave. Luego se desgranará la avanzada anti derechos (y sus derrapes) en el gobierno y se abordarán preguntas sobre el futuro de un ministerio que guarda en sus entrañas una bomba de tiempo.

experimento libertario

El elefantiásico Ministerio de Capital Humano es una marca distintiva del gobierno libertario que ensaya allí su reforma del estado, acumulando bajo un mismo paraguas a los ex ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Educación, Cultura, la ANSES y catorce reparticiones más, que incluyen a organismos descentralizados, desconcentrados y empresas públicas.

El giro discursivo hacia la idea de “Capital Humano” implica cambiar el destinatario de la política social y desplazar el foco de la comunidad al individuo, en función de su capacidad productiva futura para el mercado. Bajo esta lógica, la tarea por delante es —para el discurso oficial— recuperar aquel capital “dañado” por las políticas públicas de un Estado demasiado presente. Un cambio en el paradigma de intervención y asistencia social guiado por nuevas recetas económicas que reemplazan a la comunidad organizada por una lógica emprendedora de gestión de las necesidades. La demonización de las organizaciones sociales y territoriales, renombradas como “gerentes de la pobreza”, ha sido una batalla estratégica para el Gobierno. Al correrlas del medio junto a la red de comedores que articulan, Pettovello y compañía se toparon, sin embargo, con un callejón sin salida: terminaron por anunciar convenios millonarios con actores vinculados a iglesias y cuando el esquema fracasó, optaron por esconder la comida.

Primero negaron que hubiera stock. Después lo reconocieron parcialmente (dijeron que sólo había yerba mate). Luego admitieron que existían alimentos almacenados, pero arguyeron que los guardaban para “situaciones de emergencia”. Cuando Pettovello se quedó sin fakes que difundir, tuvo que admitir que había comida para repartir y poco tiempo para distribuirla. En ese contexto incendiado, sorprendió que a las pocas horas su principal funcionario, Pablo de la Torre, fuera entregado como chivo expiatorio junto a todo el staff político que lo acompaña desde la Municipalidad de San Miguel.

En menos de dos semanas, la intensa seguidilla de acontecimientos puso a la defensiva al gobierno: contrataciones de gente que no trabaja, denuncias por corrupción e incumplimiento de los deberes de funcionario público, aprietes, internas y supuestas infiltraciones tanto del actual como anterior gobierno. Esta crisis de Capital Humano arrojó luz sobre las fragilidades intrínsecas al proyecto libertario.

un ministerio imposible

En perspectiva histórica, el primer ciclo neoliberal en Argentina, entre la última dictadura y el 2001, atacó de forma directa la incidencia del Estado en las áreas de intervención económica. En un intento de contención aumentó las políticas destinadas a paliar los efectos negativos del aumento de la pobreza y el desempleo. Para atender a esa demanda, se creó en 1999 el Ministerio de Desarrollo Social, hasta entonces dependiente de Salud.

Capital Humano es la joya del gabinete de Milei que, con su diseño minimalista, pretende reducir al límite las funciones estatales. Su maquinaria, antes que garantizar derechos o asistencia social, está encaminada a corregir lo que denomina “hipertrofia estatal”. Un coloso que busca demolerse a sí mismo con orgullo, brutalismo que puede pensarse como verdadera política de la crueldad que agrede a sus destinatarixs y convierte a movimientos sociales, colectivos feministas, disidentes y trabajadorxs estatales en blancos a los que dirigir los cañones.

Contra sus propias proclamas, la centralización forzada de cuatro ministerios bajo la órbita de la superministra, sin la transversalización de las áreas administrativas y jurídicas, no simplifica ni reduce las estructuras del Estado. Lejos de agilizar el funcionamiento, genera cuellos de botella burocráticos, acentuados por la falta de funcionarios designados.

Lo sucedido en las últimas semanas muestra la difícil convivencia de un proyecto que busca imprimir un sello propio de gestión, como el que intentó Pablo de la Torre, con un presidente que se concibe como un infiltrado con la misión de destruir al Estado a partir de herramientas, algunas estridentes y otras más silenciosas, como pisar el gasto público en medio de la alta inflación, no actualizar paritarias, dejar sin cubrir espacios clave del organigrama o rotar a los funcionarios de forma permanente, paralizando los proyectos a su cargo.

Con medio año en funciones, puede evaluarse como el fracaso de un equipo que no logró estabilizar la estructura estatal y no obedeció la máxima de Santiago Caputo: “No hay nada que gestionar. Solo desarmar”. Pablo de la Torre naufragó allí donde el modus operandi libertario de navegar plácidamente el caos amenaza con imponerse.

radiografía del primer semestre

Según datos del portal de Presupuesto Abierto, Capital Humano representa hoy la mitad del gasto de la administración pública nacional. Entre enero y mayo, el recorte presupuestario de todos los organismos comprendidos bajo su ala fue del 45% en términos reales interanuales. El 70% de ese ajuste fue recorte en el gasto de ANSES (jubilaciones, pensiones y asignaciones), mientras que 14,5% en lo que hasta diciembre fue Desarrollo Social. De ello, el mayor impacto cayó en políticas alimentarias y en acciones del programa nacional de inclusión socio-productiva y desarrollo local, que incluye al Potenciar Trabajo. La Tarjeta Alimentar, por ejemplo, entre enero y mayo de 2024 sufrió un recorte interanual en términos reales del 12%. En tanto en el programa que se destina principalmente al Potenciar Trabajo, el recorte interanual en los primeros cinco meses del año fue del 67%, reducido a un tercio de lo que fue en 2023.

Hay programas que fueron emblemas de Desarrollo Social (por su perfil de intervención interagencial, integral y de asistencia crítica) con recortes casi totales y no fueron reemplazados: “Emergencia social para catástrofes o emergencias climáticas”, con un recorte del 98,6%; “Ayudas urgentes a hogares”, del 92% y “Articulación socio productiva”, del 99,9%. Resta decir que en “Ayudas directas a personas” y “Asistencia a instituciones” el gasto no llega a un millón de pesos. Entre los programas sin ejecución presupuestaria se cuentan el “Acompañamiento a Familias en la Crianza de Niños — Programa Primeros Años (PPG)” dentro de las partidas destinadas a “Acciones para la promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes”.

El megaministerio es el que más rotaciones de funcionarios ha tenido. A seis meses de su creación, 15 fueron desplazados. Entre renuncias y despidos, concentró el 32% del total de cambios de todo el gobierno. Las últimas son la de Pablo de la Torre y su equipo sanmiguelino, junto a sus aliadxs celestes de Frente Joven, sobre quienes volveremos más adelante.

Capital Humano también contó con otro récord: el mayor número de despidos. Para abril, según el reporte mensual que elabora el INDEC, tenía casi 4.900 trabajadores menos que en diciembre. Un recorte de personal del 12%. Con un décimo del personal del sector público nacional, esos despidos explican un cuarto de la motosierra total: “No existió un patrón de antigüedad. No despidieron sólo a quienes ingresaron en el gobierno anterior sino a personas con más de 20 años de antigüedad”, denunciaba a fines de marzo Rodolfo Aguiar, titular de ATE.

en nombre de la infancia:

desmantelamiento del programa primeros años

Pese a la publicidad inflada en defensa de la infancia difundida en las redes del Ministerio, entre enero y abril de este año la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia desvinculó al 40% de trabajadores del Programa Primeros Años. En diciembre eran 203, en mayo quedaron 121.

El programa, que lleva dieciocho años de acompañamiento a la crianza en contextos de vulnerabilidad desde el abordaje comunitario, a lo largo de su historia atravesó gestiones de distintos colores así como diversos lugares en el mapa estatal. Comenzó en 2006 dentro del Consejo Federal de Políticas Sociales, entonces un organismo interministerial coordinado por Desarrollo Social, y ahora forma parte del Plan Nacional de Primera Infancia a cargo de la SENAF. Desde entonces se financia parcialmente por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Con Zonas de Crianza Comunitaria (ZCC) desplegadas en más de cien localidades en todo el país, solo en 2023, equipos técnicos especializados en conjunto con facilitadores territoriales, acompañaron a 75.000 familias y 113.000 niñxs de 0 a 4 años. El paradigma que guiaba al programa era el de las niñeces como sujetos de derecho a partir del fortalecimiento del desarrollo infantil integral desde la perinatalidad, la seguridad y soberanía alimentaria, la educación sexual, la identidad, el acercamiento a la lectura y la construcción de espacios protectores libres de violencias. A través de los 59 Centros de Referencia (CDR) del ex Ministerio de Desarrollo Social que cerraron sus puertas en marzo luego del cese de contratos de 600 trabajadores, el Programa llevaba adelante una política de articulación institucional para la restauración de derechos vulnerados como la crucial tramitación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) o el acceso a sillas de ruedas infantiles. 

Hasta hace pocas semanas no había en la SENAF un organigrama oficial y muchos funcionarios desempeñaban tareas sin nombramientos. “Hay una estrategia de sostener la incertidumbre, un proceso de desorganización interna intencional a nivel personal y colectivo. Y un encarnizamiento con el trabajador público”, denuncian dos trabajadoras afectadas por los despidos masivos que prefieren no dar sus nombres. Hasta marzo, M. trabajaba como Técnica Territorial y N., por su parte, coordinaba equipos interdisciplinarios locales. M. Ingresó cuando el programa pasó a la órbita de la SENAF durante la gestión de Carolina Stanley. N. entró por concurso hace más de una década y hasta el año pasado siempre facturó al Estado como monotributista. Una vez más, quienes sostienen las políticas públicas son trabajadorxs precarizadxs que ante cada nueva gestión deben luchar por su continuidad.

Los primeros meses de la motosierra fueron complejos. Sin designación no hay firma ni responsabilidad, lo que conlleva trabas burocráticas que se traducen en menos derechos. Con los despidos, los equipos de la Provincia de Buenos Aires, el Noroeste y la Patagonia quedaron sin coordinación. Para junio lxs trabajadorxs esperaban recibir los nuevos lineamientos pero lxs funcionarixs no llegaron tan lejos. ¿Serán otros seis meses de adaptación? ¿Y mientras tanto?

san miguel for export

San Miguel fue muchas veces un sitio privilegiado para los experimentos de derecha: alberga una de las guarniciones militares más grandes del país —Campo de Mayo—, donde funcionaron al menos cuatro Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura. Fue también sitio del último levantamiento carapintada contra el gobierno democrático de Raúl Alfonsín. Un municipio con menos de 30 años de historia que cuenta dos veces entre sus ex intendentes, a uno de los líderes de aquella insurrección militar.

De allí surge Pablo de la Torre, referente del movimiento celeste, la primera apuesta al frente de la SENAF de Milei, con un modelo orientado al control de las maternidades como política de promoción familiar. Venía preparándose, junto a sus hermanos Manuel y Joaquín, para ofrecer su vocación de servicio. La trayectoria conurbana los posicionaba para ocuparse de la contención social durante el brutal ajuste. Luego de tantas promesas de campaña, al proyecto político autodenominado pro-vida parecía haberle llegado su momento de gloria con el gobierno libertario.

Esta familia prolífica construyó su identidad a través de una serie de políticas públicas guiadas por la consigna “Dios, Patria y Familia”. Joaquín fue intendente entre 2007 y 2016. Manuel, hasta hace poco asesor de Pablo en la SENAF, fue Secretario de Gobierno y Hacienda y el primero en ocupar el puesto de Jefe de Gabinete de San Miguel, hasta 2022. En 2014 Pablo asumió al frente de la primera coordinadora de políticas públicas para la primera infancia en el municipio, y luego como secretario de Salud y Bienestar Familiar en la misma jurisdicción. El laboratorio perfecto para desarrollar políticas antiderechos.

La trayectoria zigzagueante de los de la Torre durante las últimas décadas atraviesa el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, Cambiemos y la campaña de Patricia Bullrich, para desembocar en la amplia alianza libertaria. En 2023, Joaquín de la Torre ofreció el sello del Partido Renovación Federal para que La Libertad Avanza pueda competir en la provincia de Buenos Aires y luego su hermano recibió un importante cargo en la primera edición del gabinete. En octubre de 2022, los hermanos organizaron la visita de Eduardo Bolsonaro al país durante la campaña presidencial brasileña. En ese convite dieron el presente diversos referentes de Juntos por el Cambio y también libertarios. Dos meses antes, en agosto, los de la Torre habían organizado un encuentro que nucleaba a diversos referentes pañuelo celeste, donde se firmó el Compromiso Patriótico por el Sentido Común, con miras a un probable cambio de gobierno.

El foco en San Miguel permite entender cómo funcionó el “municipio provida”. Se denunció en su momento que como Secretario de Salud, Pablo de la Torre retiraba los preservativos y la cartelería con información sobre anticonceptivos de los centros sanitarios. En 2018, tres trabajadoras fueron perseguidas y posteriormente despedidas por posicionarse a favor de la IVE. Desde la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) no se realizó ningún aborto en San Miguel. Solo en 2022 más de 480 mujeres del municipio tuvieron que acudir a otras jurisdicciones ante la obstrucción local a garantizar derechos. Se denunciaron a su vez prácticas de acoso institucional con usufructo ilegítimo de datos personales a través de las denominadas Consejerías Guadalupe de “acompañamiento al embarazo vulnerable”.

La bandera celeste es parte de la historia de los de la Torre. Ricardo, padre de los hermanos y ex subsecretario Nacional de Educación durante los gobiernos de facto de Leopoldo Galtieri y Reynaldo Bignone, fue también un gran comprometido con la lucha en favor “de la familia y el derecho a la vida desde la concepción”. En 2007, cuando era rector de la Universidad Católica de La Plata, trató de impedir por todos los medios el aborto legal de la adolescente LMR, víctima de abuso sexual, hasta ofreciéndole dinero a su familia.

Esta porción del conurbano bonaerense constituye un punto de mira excepcional para rastrear cómo van fundiéndose nuevos y viejos proyectos conservadores en el inquietante momento político actual.

la alianza generacional

Frente Joven es un actor bajo las sombras de la gestión libertaria. Surgió como espacio activista en 2010 al calor de las movilizaciones contra el matrimonio igualitario y devino Asociación Civil en 2013 con una retórica apartidaria y aconfesional. Pero, como señala la investigadora Victoria Pedrido, no es difícil identificar en sus prácticas y discursividad, plagadas de apelaciones a los valores (la familia, el amor, la esperanza o la solidaridad), un alineamiento estrecho, aunque aggiornado, con la doctrina social de la Iglesia católica.

El tradicional catolicismo reaccionario trabó alianza en estos años con el ascendente movimiento libertario en su rechazo al feminismo y en la lucha codo a codo contra el aborto. Con fuertes coincidencias programáticas, los de la Torre encontraron en la agrupación Frente Joven y sus militantes celestes una experiencia innovadora dentro de la política argentina para dar el salto generacional.

Esta agrupación cuenta con una extensa base militante provida a nivel nacional y desarrolla proyectos a nivel territorial con un lenguaje espejo al de los derechos humanos. Entre ellos: Derecho al Futuro, Defensores de Mamás y Crecer. Pañuelo celeste en mano, postulan una militancia que imita en cierta medida el lenguaje y la performance callejera de las columnas de la marea verde. Su principal estrategia es la formación de dirigentes juveniles de oposición a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos.

La trama de las fundaciones que los auspician y las organizaciones con las que articulan incluye: Fundación Conin, Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE), Fundación Civilidad, Fundación Ciudadanía, Prodeci, Universidad FASTA (Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino) y la Fundación Hanns Seidel.

A nivel regional, el Frente Joven articula a través del Foro Joven Panamericano. Es un encuentro latinoamericano, que tiene como objeto la participación juvenil en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, con el fin de disputar los consensos básicos que se articulan en torno a la defensa de los derechos humanos, lo que se traduce en la lucha contra el aborto. Con sus proclamas han logrado llegar a espacios importantes tales como la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una iniciativa novedosa y privilegiada de los sectores neoconservadores.

Esta organización, con marcada experiencia territorial y gerencial, aportó una buena cantidad de cuadros técnicos en lugares estratégicos del experimento libertario. Se destacan el diputado nacional Santiago Santurio; Ana Belén Mármora, ex subsecretaria de Políticas Familiares de la gestión De La Torre al frente de la SENAF; su pareja, Agustín Caulo, presidente de Frente Joven y actual director nacional de Culto Católico bajo la órbita de Francisco Sánchez; y María Inés Brogin, Subsecretaria Administrativa de la Secretaría Nacional de Educación, donde se firmaron más de 300 contratos laborales OEI que hoy se investigan en la justicia.

Es Santurio, asesor de Milei desde 2021, quien conecta al espacio con La Libertad Avanza. Junto al actual Secretario de Culto y miembro de la Red Política por los Valores Francisco Sánchez, participó del evento VIVA 24 organizado por VOX el mes pasado, en defensa de la vida y la “familia tradicional”. Los políticos que aparecen con más frecuencia en estos foros internacionales antiderechos son los diputados Mayoraz, Santurio, Romo y Sotelo. Los escenarios internacionales funcionan como aglutinantes de un polo reaccionario frente a un enemigo común expresado en la lucha contra el “globalismo” y la Agenda 2030.

El clan de la Torre es uno de los nodos articuladores de la red celeste. Un nexo claro con Frente Joven es Agustín de la Torre, sobrino de Pablo y Joaquín, quien militó hasta el año 2021 en la agrupación, por más de ocho años. Ocupó el cargo de Secretario Nacional del Programa de Formación de Jóvenes Dirigentes y, según información que consta en IGJ, fue socio de la Asociación Civil, lo que lo pone dentro del núcleo íntimo de la organización. Al igual que él, varios compañeros de militancia transitaron por la municipalidad de San Miguel, la Fundación Concordia de su tío Pablo y en la propia SENAF. Hoy, continuando el legado familiar, Agustín de la Torre se encuentra como Director Administrativo Integral de Salud de San Miguel. Todo queda en familia.

En el siguiente mapa de relaciones mostramos la trama de activistas ligados a partidos, fundaciones y asociaciones civiles que promueven una agenda antiderechos desde el gobierno. Lo hacemos poniendo a la gestión de Capital Humano en el centro. Lo que vemos es una red densa, con múltiples conexiones y que, si bien se reconfigura, no desaparece con la salida del equipo sanmiguelino de la SENAF.

CONIN: gobernar es poblar

El 11 de marzo de este año, la Fundación CONIN suscribió un convenio por $548.098.087 destinado a la compra de 99.429 módulos alimentarios para 69 puntos de distribución. Luego del escándalo por la retención de alimentos, la ministra Pettovello redobló su compromiso con ellxs y firmó uno nuevo para que tomaran a su cargo la distribución de 465.000 kilos de leche en polvo. Al mismo tiempo, en reemplazo de Pablo de la Torre, nombró a Yanina Nano Lembo, ex jefa de proyectos y colaboradora de la ONG ACER CONIN, integrante de la Red CONIN. Lembo también es esposa de Ignacio Gorupicz, primer vicepresidente de la Asociación Cristiana de Empresarios (ACDE), organización aliada de CONIN y auspiciante de la agrupación provida Frente Joven.

CONIN arranca en 1993 como réplica de la fundación creada en 1975 en Chile por el doctor Fernando Monkeberg, luego vicepresidente honorario de la Fundación CONIN Argentina. La original fue un caballito de batalla del dictador chileno Augusto Pinochet contra la visión del gobierno socialista de Salvador Allende, quien sostenía que la pobreza y la desnutrición eran producto de la desigualdad económica y se podía paliar con políticas de intervención social. Para Monkeberg Barros, la desnutrición infantil podría evitarse a través del tutelaje de las madres pobres, quienes —de acuerdo a esta visión— transmitían la malnutrición por cuestiones genéticas y ambientales asociadas a la pobreza. La dictadura pinochetista fue clave como financiadora de la organización.

El acta de constitución de CONIN Argentina muestra al elenco que la impulsó inicialmente. Luego del médico mendocino Abel Albino y Monkeberg Barros, aparecen Carlos Arturo Erice, ex gerente general de OSDE, y Ricardo Manuel De La Torre, padre de los barones de San Miguel. En el acta también está el jurista mendocino Carlos Ignacio Massini, asiduo batallador contra el divorcio, el aborto legal y la noción misma de derechos humanos. Su esposa, María Cecilia Pontis de Massini, también fue parte del equipo fundacional. María Carolina Pando, hoy psicopedagoga egresada de la Universidad Católica Argentina, también aparece en el acta. La otra Pando, Cecilia —enérgica activista por la impunidad de los genocidas—, promociona en sus redes las acciones de CONIN. Su admiración hacia Albino se intensificó durante el debate por la ley de IVE, cuando el médico trascendió mediáticamente por señalar que el virus del VIH es capaz de “penetrar la porcelana”, como un argumento en contra del uso del preservativo como forma de prevención de contagios y embarazos.

Albino también es conocido por el contenido de sus libros. En Gobernar es poblar sostiene que la desnutrición infantil es una “enfermedad cultural”, transmitida por el sexo “realizado sin prestar atención a la inseparable conexión entre los dos significados del acto conyugal: procreativo y unitivo”. Es decir, la promiscuidad provoca infancias pobres y vulnerables. De ahí se derivaría la urgente necesidad de intervenir e inculcar una serie de prescripciones morales que controlen la “falta de moderación sexual” de las familias pobres. Para esta visión, los factores estructurales de la pobreza no existen, el Estado tiene un papel secundario y el rol principal es de las familias.

CONIN ha recibido fondos públicos de todo el arco político: financiamiento de 31 Centros de Primera Infancia del gobierno macrista en Ciudad de Buenos Aires en 2012, donación de terrenos del gobierno provincial socialista en Santa Fe en 2016, subsidios del gobierno radical en el municipio de Junín en 2023 y cesiones de inmuebles en Chaco en 2017 durante el gobierno peronista de Domingo Peppo. A nivel nacional, su primera participación llegó con el gobierno macrista, con quien firmó un convenio por 100 millones de pesos para la creación de 30 nuevos centros de atención y prevención de desnutrición infantil.

En 2018, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de Primera Infancia manifestaron su repudio al convenio celebrado entre el gobierno de Cambiemos y la Fundación CONIN, por considerarlos “arcaicos y sin base científica”. En 2020, miembros de la Legislatura salteña acusaron a la Fundación de incumplir rendiciones de cuentas y malversar fondos en la provincia.

La “Familia CONIN” funciona como una red de centros distribuidos a lo largo del país bajo el formato de una franquicia, con estructuras de gestión independientes. Actualmente existen más de cien “Centros CONIN” distribuidos en 17 provincias. La franquicia tiene una sede en San Miguel, mediante la Fundación Con Esperanza, cuyo equipo pediátrico lo integra Rosario de la Torre, como lo reveló el portal Data Clave, mientras que el sitio web de la Fundación fue registrado por Ignacio de la Torre, quien se desempeña en el Ejército en un área vinculada con sistemas informáticos. Son estos centros CONIN los que se encargaron de repartir en los últimos días la leche retenida por el Ministerio de Capital Humano. A poco de comenzar la distribución, aparecieron se detectó que comedores y particulares ofrecían el producto en Marketplace. Según un relevamiento realizado por organizaciones sociales, menos de la mitad de los 460 mil kilos de leche en polvo entregados a CONIN llegó a los comedores.

segundo round con futuro incierto

Luego de la salida de la banda celeste de San Miguel, lxs trabajadores de la SENAF aguardan indicaciones para continuar sus funciones. Una mancha amarilla se extiende con el correr de las designaciones en el boletín oficial. Hasta Mauricio Macri resalta el gesto en un mano a mano con Pettovello.

Aparecen listos para el relevo los alfiles cambiemitas de la solución tecnocrática, que ya ocupaban casilleros en el Consejo Federal de Políticas Sociales. Lidera el desembarco Yanina Nano Lembo, promotora de la “articulación público-privada” —la Dirección a su cargo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2021 y 2023—, y la secunda Matías Kelly, “emprendedor social financiero”. Kelly fue secretario de Economía Solidaria de Carolina Stanley. Junto con él, arriba como subsecretario de Políticas Familiares Arnoldo Ariel Scherrer Vivas, quien se desempeñó en la Dirección Nacional de Promoción y Protección Integral de la SENAF durante la misma época y acaba de dejar su puesto de Jefe de Gabinete de la Subsecretaría de Fortalecimiento Personal Familiar y Comunitario en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El resto del gabinete social, Martín Lepera y Martín Galmarini, también pasó por el gobierno porteño, el primero vinculado a la asistencia digital a la ciudadanía y el segundo a la emergentología. Lucas Aparicio, secretario de Trabajo entre 2018 y 2019, reemplaza a Fernando Szereszevsky como jefe de gabinete del Ministerio. Una vez más suenan cantos de sirena de experiencia y eficiencia. ¿El perfil de los nuevos funcionarios designados  pronostica un cambio de paradigma en las políticas de contención social? 

En pleno escándalo también asomó la cabeza el arquitecto de reformas Federico Sturzenegger, quien propuso reemplazar la distribución estatal de alimentos con “un instrumento financiero, un seguro, que el Estado le pagará a los privados para que garanticen el reparto de alimentos ante catástrofes”. La jerga financiera sintoniza con la fantasía libertaria de la autorregulación del mercado ante el desafío explosivo de la política social. Por los mismos días, un Milei regresado de Sillicon Valley anunciaba conversaciones con Google para llevar adelante una reforma digital del Estado con asistencia de inteligencia artificial. Como su amigo Nayib Bukele en El Salvador, quien en 2020 firmó un contrato de exclusividad con la empresa para la utilización de su tecnología e infraestructura en un proceso de digitalización de servicios públicos que, desde el año pasado, incorpora herramientas de I.A. Promesas de eficiencia, neutralidad y velocidad en decisiones libres de humanidad destellan las escenas de futurismo libertario. Los riesgos no se mencionan: reproducción de sesgos humanos y algoritmos de aprendizaje opacos.

Notorio contraste con el modelo tradicional cristiano de política social promovido por Pablo de la Torre. Pero su retirada es solo una derrota circunstancial para la larga marcha antiderechos. El pulpo celeste se extiende por terminales estratégicas del Estado aupado por el gobierno libertario y sus aliados internacionales, comprometidos contra el “globalismo” y su “perversa” Agenda 2030, donde entran en juego tanto derechos sexuales y reproductivos como hasta las más tímidas políticas contra el cambio climático. El bloque libertario abrazó la llegada de nuevos legisladores nacionales y provinciales comprometidos contra el aborto. Mientras impulsan una revancha parlamentaria, desde el Ministerio de Salud, a cargo del ex secretario de Salud de San Miguel, Mario Russo, se desfinancia el Programa Nacional de Salud Sexual que garantiza a las provincias los insumos necesarios para realizar la práctica. Desde diciembre, una vez agotado el stock dejado por el gobierno anterior, se cortó el suministro de misoprostol y mifepristona que se distribuía a través del programa Remediar. También se recortó la provisión de anticonceptivos y tratamientos hormonales para el acompañamiento a personas trans. 

Mediante la renovación secular de sus estrategias, con el nuevo siglo el movimiento neconservador de la escena occidental tejió alianzas interreligiosas y confluencias más amplias en su reacción a los avances conquistados por los movimientos feministas y de disidencia sexual. En Argentina, estas redes impulsan una contraofensiva, robustecidas por los vientos derechistas de la escena internacional y aprovechando la arquitectura algorítmica del ágora digital, favorable a la radicalización polarizada. La alianza entre conservadurismo y liberalización económica que habita el corazón del proyecto libertario no responde únicamente a la sinfonía de confrontación contra un enemigo común, sino a la potente capacidad de movilización política demostrada por los pánicos morales que agitan los fundamentalismos religiosos en el continente. El retorno a “la familia tradicional” hace juego con la retirada del Estado, moraliza las razones de la crisis y brinda una narrativa a la fórmula criolla supremacista. Sustentada en el estatus proveído por la pertenencia a los “argentinos de bien”,  justifica la represión.

El show banal distrae a cualquiera, salvo a quienes continúan con necesidades impostergables sin atender. Jóvenes egresados de hogares sin cuidados parentales ya no reciben su asignación, adolescentes sin acceso a anticonceptivos ni consejerías de salud sexual, vaciamiento de zonas de crianza comunitaria y negación de tratamientos paliativos a enfermos terminales. Mientras tanto, las mesas de los comedores populares siguen vacías. Ante la incertidumbre, el Ministerio de Seguridad ofrece su receta para lidiar con la población que Capital Humano descarta: represión de la protesta social, criminalización y baja de la edad de imputabilidad. Está por verse qué algoritmo resuelve la ecuación.