la violencia avanza
informe a un año
del atentado a cfk
Este informe especial consta de una introducción general, tres capítulos y unas breves palabras finales.
Su principal objetivo es sistematizar el cúmulo de datos dispersos que circularon a lo largo del último año para intentar reconstruir los sucesos que llevaron al intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, acontecido hace exactamente un año.
A través de ese recorrido pudimos verificar el grado de impunidad que una vez más el poder judicial nos propone. Al mismo tiempo, ubicamos a los autores materiales del atentado en una trama más compleja de organizaciones de derecha radicalizada, con sorprendentes hallazgos. Y exploramos las conexiones de ese universo de activistas con los sectores partidarios de la derecha nacional, para señalar algunas complicidades preocupantes.
Por último, nos preguntamos qué hacer para asumir y desarmar el peligro que significa el crecimiento de estas formas de violencia antidemocrática.
Gala Abramovich
1. Una guerra arrasó a mi ciudad (ir al capítulo uno)
Hoy se cumple un año del atentado contra la vicepresidenta, un ataque que pudo haber cambiado la historia del país de forma traumática. Pese a la gravedad del hecho, la reacción del sistema político fue indolente y se impuso un rápido pase de pantalla: el famoso fingir demencia.
Los medios de comunicación inscribieron el intento de magnicidio en el marco de la grieta, dando rienda suelta al periodismo de operación. Mientras que en las redes sociales primaron las teorías conspirativas que sugerían la hipótesis de un autoatentado. Por su parte, el sistema judicial, en una nueva muestra de incapacidad para impartir justicia, o tal vez de complicidad con ciertos poderes, no logró investigar con la calidad requerida, boicoteando toda posibilidad de construir un proceso virtuoso.
Sin embargo, la sociedad argentina posee una fuerte capacidad de producir verdades históricas en contextos de impunidad. Necesitamos recuperar ese poder que requiere de mucha elaboración colectiva e implica socializar la información y evitar el secretismo, caiga quien caiga, en función de un horizonte realmente democrático. Desde el Equipo de Investigación Política (EdiPo) hacemos este aporte al esclarecimiento del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner, en la búsqueda de una justicia que las instituciones nos escamotean cuando son capturadas por las élites. Todo lo que aquí vamos a mostrar fue presentado oportunamente ante el poder judicial.
2. La hidra de la ultraderecha (ir al capítulo dos)
La pregunta que intentamos responder es precisamente la que ha quedado olvidada: ¿quiénes quisieron matar a CFK?
Conocemos al atacante, Fernando Sabag Montiel, y a sus cómplices más directos, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo. Ellos tres conformaban un grupo de afinidad que fue rotulado mediáticamente como “los copitos”, en un intento de trivializar a los agresores. La investigación desarrollada por la jueza María Eugenia Capuchetti y por el fiscal Carlos Rívolo cortó todos los hilos que podían vincular a estas tres personas con otras organizaciones o sujetos. Y esa es precisamente la clave, porque si algo resulta evidente es que Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo fueron ejecutores de una consigna o llamamiento que circulaba abiertamente en los foros de las organizaciones de ultraderecha, quienes ya estaban perpetrando diversos actos violentos. Es decir: el atentado contra la vicepresidenta no fue el desvarío de un par de personajes pintorescos, sino un plan gestado a fuego lento por un sector político que, envalentonado por el ciclo mundial de politización derechista, le declaró la guerra al gobierno y al “kirchnerismo”.
Algunas pistas que tampoco fueron investigadas debidamente señalan articulaciones posibles entre estos agrupamientos y las viejas estructuras de la derecha analógica, con conexiones en los sectores carapintadas que se levantaron contra la democracia durante los años ochenta. Un año más tarde, las principales expresiones electorales de ultraderecha cobijan en su seno a un conjunto de actores en abierta radicalización violenta, mientras posee considerables chances de llegar al poder ejecutivo nacional.
3. El poder dispara y esconde la mano (ir al capítulo tres)
Por último, y desde nuestro punto de vista lo más relevante, al encapsular el hecho del atentado y aislarlo del resto de las acciones violentas organizadas por la derecha radicalizada, lo que se debilita es la posibilidad de investigar sus articulaciones políticas, financieras e institucionales.
Nos referimos específicamente al diputado Gerardo Milman, por ese entonces jefe de campaña de Patricia Bullrich; a la familia Caputo, uno de los grupos empresariales más importantes del país; y a la municipalidad de San Isidro, uno de los bastiones de la oposición en el conurbano bonaerense. No se trata meramente de buscar culpabilidades sino de comprender cómo se gestó la gravísima agresión contra la vicepresidenta, que de haber llegado a su objetivo hubiese impactado de una manera irreversible en la sociedad argentina. La impunidad que rodea al hecho es una invitación a que se repita.
Durante las elecciones primarias de agosto de 2023, varios de los protagonistas que están procesados o indagados por su participación en el atentado a la vicepresidenta han vuelto a tener actividad pública en sus redes sociales y hacen uso del mismo lenguaje de incitación al aniquilamiento. El triunfo en las PASO del principal referente de la ultraderecha local, Javier Milei, puede ser una nueva señal habilitante.
4. Breves palabras finales (ir al capítulo final)
Hay que evitar la parálisis frente al golpe que significa la reaparición y el inminente crecimiento de una violencia orientada a inhibir nuestra capacidad de resistencia. El atentado a CFK no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una seguidilla de ataques perpetrados por una derecha cada vez más atrevida. La única manera de desarticular esta amenaza es ir a fondo para conocer sus articulaciones y estrategias. Y recuperar nuestras propias armas, que a la postre siempre son más potentes: memoria, verdad y justicia.
parte uno. una guerra arrasó a mi ciudad
La construcción de la principal figura política del país como un objetivo bélico plausible de ser aniquilado es una larga saga con múltiples actores involucrados y numerosos episodios en los que el drama va ganando cada vez más intensidad. Pero el último capítulo comienza el 22 de agosto de 2022, cuando el fiscal federal Diego Luciani concluyó su alegato acusatorio en el marco de la llamada causa Vialidad con una encendida performance que reunió todos los condimentos de una pieza de agitación. Para muchos fue una espectacularización ante la evidente falta de pruebas que pudieran sustentar una condena. Para otros funcionó como la señal de inicio para una ofensiva final contra la estrella del peronismo, a un año de las elecciones presidenciales. La medida solicitada por el fiscal no dejaba lugar a dudas: doce años de prisión y, sobre todo, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Como resulta habitual, los principales medios de comunicación se hicieron eco de la acusación y auparon a Luciani a la categoría de prohombre. Pero esta vez hubo una novedad: la guerra judicial se tornó batalla callejera. Las primeras escaramuzas tuvieron lugar al anochecer del mismo 22 de agosto cuando un centenar de opositores se congregaron frente al edificio ubicado en Juncal y Uruguay, barrio de La Recoleta de la Ciudad de Buenos Aires, donde reside Cristina Fernández de Kirchner. Aparentemente se trataba de vecinos del acaudalado suburbio espontáneamente reunidos para gritar su alegría por la novedad judicial. La parcialidad oficialista denunció que el canal de noticias TN había instigado el mitin al apuntar insistentemente con sus cámaras a la puerta del inmueble. Pero lo que nadie advirtió es que entre los manifestantes había personas con pecheras de una organización por ese entonces ignota, de nombre Equipo Republicano. Esos petos identificadores portaban la imagen del fiscal Alberto Nisman. Y entre sus cánticos se escuchó uno particularmente amenazante: “Sin Cristina, Argentina sin Cristina”.
A los pocos minutos un grupo de militantes kirchneristas arribaron a la esquina porteña con la decisión de copar la calle. La Policía de la Ciudad solo reprimió a estos últimos, en clara muestra de favoritismo. Sin embargo, a partir de ese instante los partidarios de la vicepresidenta desplegaron una guardia frente al edificio, que por momentos se tornaba masiva y se mantuvo durante las jornadas siguientes.
Cinco días más tarde, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta escaló la conflictividad varios peldaños al ordenar el sitio policial de la disputada esquina. Aquel sábado 27 de agosto el lugar amaneció vallado para evitar la llegada de los adherentes a CFK. Fue un torpe gesto de derechización del alcalde, que luego repetiría a lo largo de una extensa campaña electoral en la que su carrera política sufriría un inapelable declive. La respuesta de la militancia desbordó por completo a las líneas policiales y se vivieron escenas de altísima tensión.
Producto de un forcejeo entre un manifestante y un efectivo policial, a este último se le cayó al piso un estuche con balas de plomo, una munición cuya portación en este contexto está expresamente prohibida. A las 19 horas arribó al lugar el diputado nacional Máximo Kirchner, pero la Policía le impidió acceder al departamento donde debía reunirse con su madre y lo maltrató con saña. Esa misma tarde el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se hizo presente y otro video expone que una voz policial se refiere a su figura con notable sorna. Fue palpable la nitidez con la que expresaron sus inclinaciones políticas los agentes de seguridad pública, evidenciando el nivel de penetración ideológica en los cuerpos armados del estado.
La gresca amainó al oscurecer, tras la retirada de las fuerzas policiales, y los miles de simpatizantes peronistas recuperaron el control de la calle. A las 22:10, Cristina Fernández le habló a sus seguidores encaramada sobre un improvisado escenario. Su discurso terminó exactamente a las 22:22 horas.
Infiltrado entre los partidarios de la vicepresidenta, esa noche hubo un activista de ultraderecha llamado Fernando Sabag Montiel con intenciones de atacarla. No pudo hacerlo, pero la agresión ya estaba planeada. A las 23:53 le envió un audio a su novia, Brenda Uliarte, en el que anunciaba que la operación había fracasado: “No, ya se me metió adentro y el escenario, el anfiteatro lo sacaron”, se lamenta. Luego dice con resignación: “Ella está arriba pero no creo que salga, así que ya fue, dejá, voy para allá, quédate ahí. No traigas nada”. Había logrado acercarse: “le toqué la espalda a Axel Kicillof y se metió a un Toyota Etios y se fue, un quilombo”.
Uliarte responde: “Que hija de puta la Cristi. Se da cuenta”. Pocos minutos antes le había escrito a su amiga Agustina Díaz: “Hoy me convierto en San Martín, voy a mandar a matar a Cristina (…) Los liberales ya me tienen re podrida yendo a hacerse los revolucionarios con antorchas en plaza de mayo [alusión a Revolución Federal]. Basta de hablar hay que actuar.”
Tres días más tarde, poco antes de las 21 horas del 1 de septiembre, CFK regresó al departamento donde sus seguidores seguían de vigilia y dedicó varios minutos a saludarlos, como hacía casi todas las noches en gesto de agradecimiento. Esta vez Sabag Montiel logró acercarse lo suficiente, apuntó la Bersa Lusber 84 de 32 mm y gatilló a centímetros de la cara de la vicepresidenta. Las balas no salieron pero las imágenes captaron, desde distintos ángulos, el intento de asesinato. También se observa cómo algunos militantes que se percataron del atentado retienen al atacante. En ese instante algo cambió en la estructura tectónica de la Argentina.
Kaloian Santos Cabrera
rebobinar hasta que aclare
Sabag Montiel no era un lobo solitario sino que operaba en tándem junto a su novia Brenda Uliarte y a Gabriel Carrizo, quien se autoproclamó líder de un grupo cuyos contornos no están claros aún. Vayamos cuadro a cuadro.
Uliarte estuvo junto a Sabag Montiel (a quien llamaban Nando) en el lugar del atentado, según declaró ante la justicia Miguel Ángel Castro Riglos, otro integrante de la denominada “banda de los copitos”: “Brenda le confiesa que estuvo ese día en Recoleta y que estuvo ahí en el ataque y que se sentía orgullosa”. No habían transcurrido dos horas del intento de magnicidio, cuando la novia de Sabag Montiel le escribió a Carrizo por Whatsapp: “La próxima voy y gatillo yo, Nando falló. Yo sí sé disparar bien, no me tiembla la mano”.
Queda claro que Carrizo estaba al tanto de la acción. Esa misma noche del atentado publicó un estado de Whatsapp: “Seguro el próximo sos vos Alberto! Tené cuidado!“.
La coartada de los cómplices de Sabag Montiel consistió en presentarse al día siguiente del atentado ante las cámaras de televisión como miembros de un microemprendimiento de venta de copos de azúcar. Allí dijeron que no sabían nada acerca de las intenciones de “Nando”, se presentaron como víctimas de amenazas y pidieron que los dejen trabajar. Sergio Orozco era junto a Carrizo uno de los socios mayoritarios del negocio y ofrecía su domicilio como base de operaciones. Todos ellos se conocieron en el marco de un grupo de WhatsApp denominado “Girosos” que había creado el propio Carrizo, del que participaron cerca de un centenar de personas.
Ahora bien, si al contrario de lo que hizo la jueza Capuchetti, ampliamos el zoom para entender mejor la escena del crimen, salta a la vista un hecho clave: los “copitos” no son una manada errante en el desierto, un grupo aislado, marginal y delirante, sino que integraban una telaraña de activistas que se radicalizaron en función de pasar a la acción violenta. El acto de asesinar a Cristina Fernández fue en este sentido un deseo varias veces formulado, e incluso planificado, antes de que Sabag Montiel decidiera concretarlo. Para entender cabalmente este proceso de radicalización, que no ha mermado sino que continúa su curso cada vez más amenazante, hemos preparado una cronología que nos permite relacionar tres evoluciones paralelas:
- a) el accionar de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo,
- b) el despliegue de otros agrupamientos que procuraban el mismo objetivo, con Revolución Federal como articulador,
- c) la coyuntura judicial y política en la que se enmarca el atentado.
La manta corta de la justicia
Sabag Montiel es atrapado por la militancia luego de gatillar dos veces el arma a centímetros del rostro de CFK y entregado a la policía porteña, quienes lo ponen a disposición de la jueza federal María Eugenia Capuchetti. Como mencionamos antes, en un primer momento se activa en los medios la hipótesis del “lobo solitario”, precisamente la versión que los implicados propusieron el 2 de septiembre. Mientras en las redes sociales se difunde con fuerza la idea de que se trataba de un autoatentado, es decir un simulacro montado por la propia víctima. Poco a poco comenzaron a aparecer evidencias de que estábamos ante un accionar grupal y que los cómplices mentían de manera alevosa, pero rápidamente se impuso la teoría de que los agresores eran apenas un puñado de descarriados y uno de ellos se excedió en su ímpetu contestatario.
En esta manera de leer socialmente lo sucedido la investigación judicial tuvo un papel clave. Cuando en Argentina hablamos de impunidad en hechos de gran significación política (como la dictadura, el atentado a la AMIA o incluso la muerte del fiscal Nisman) no nos referimos únicamente a la carencia de un castigo para los culpables, sino ante todo a la construcción intencional de una versión distorsionada sobre el sentido del acontecimiento. Es por eso que los errores procesales, o la animosidad contra la querella, pasan a tener una significación especial.
Los desaciertos más graves sucedieron en las primeras horas de investigación, siempre cruciales para el esclarecimiento de un crimen. Durante la madrugada del 3 de septiembre el principal recurso probatorio fue destruido: el celular de Sabag Montiel se reinició en estado de fábrica luego de un fallido intento por desbloquearlo. Todo el proceso de producción de pruebas y seguimiento de indicios fue torpe y muchas evidencias valiosas fueron desperdiciadas. Aquí señalaremos algunas particularmente significativas, siempre desestimadas por la jueza y el fiscal.
La llamada banda de “los copitos” era muy posiblemente un subagrupamiento de otro conjunto mayor conducido por Gabriel Carrizo, denominado “Girosos”. En su declaración judicial, el fundador y administrador del grupo dijo que el objetivo de esa red era organizar jodas los fines de semana. Sin embargo, existe una conversación de Carrizo con su hermana, minutos después del atentado (a las 23:29 del 1 de septiembre), que anuncia el despliegue de una organización mayor: “Es largo de explicar, pero tengo un grupo de 90 personas. Nos estamos juntando todos ahora para ver cómo solucionar este problema”. Por su parte, en la cronología que elaboramos pueden hallarse múltiples indicios de que el microemprendimiento de ventas de copos de azúcar era una estrategia ideada para acercarse a los blancos elegidos y realizar tareas de inteligencia previa.
La segunda pista importante que fue desdeñada por la jueza Capuchetti surgió el 29 de septiembre pasado, cuando Sabag Montiel renunció por escrito a la defensa oficial y solicitó que una persona llamada Hernán Carrol se encargue de disponer los medios necesarios para organizar su estrategia judicial. Carrol es también el último contacto con el que Brenda Uliarte se comunica antes de ser detenida el 4 de septiembre de 2022.
Carrol es una pieza clave del proceso de radicalización que explicaremos en el próximo capítulo. Su vínculo con la banda que atentó contra CFK es previo y claramente existía una articulación política. Por ejemplo, Carrol y Uliarte compartieron un vivo en Instagram al día siguiente de la Marcha de las Antorchas organizada por Revolución Federal el 18 de agosto de 2022, de la que participaron ambos. También invitó a ella y su pareja al cumpleaños de Martín Almeida, un miembro de su agrupación, durante esos días.
La trayectoria militante de Carrol se remonta al momento de la pandemia, cuando participa en la organización de las marchas anti cuarentena en nombre de la agrupación Gimnasios Unidos, quienes se oponían al cierre de este tipo de negocios en el marco del esquema de emergencia para el cuidado sanitario. Luego creó el sello político denominado “Nueva Centro Derecha” (NCD), que según sus propias palabras es una “organización apartidaria” nacida el 25 de mayo de 2020 para luchar contra “el gobierno neomarxista de AF y CFK”.
Varias notas periodísticas dan cuenta de que en 2021 se hizo cargo de la seguridad de actos del candidato Javier Milei. Y el 27 de febrero de ese año convocan a un mitin en Plaza de Mayo cuyo orador principal sería Javier Milei. Ese día también asistieron Patricia Bullrich, Gerardo Milman y Waldo Wolff, entre otros referentes de los halcones del PRO. Entonces, Carrol impulsa un encuentro en plena plaza entre el candidato libertario y la ex ministra de Seguridad, ampliamente difundido por la prensa. Durante ese evento hubo un resonante avance en la simbología violenta cuando colgaron en las rejas de la Casa Rosada varias bolsas mortuorias con distintas figuras del oficialismo. Entre los cánticos se escuchó “Argentina sin Cristina”, “que se vayan todos” y pedidos de elecciones anticipadas. Luego de aquel acting de presentación pública entre las dos figuras emergentes de la ultraderecha local, un estrecho aliado de Carrol, Marcelo Peretta, referente del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFyB) y de los halcones porteños, organizó una cena en su casa donde Bullrich y Milei entablaron conversaciones formales.
Un último dato: Carrol y su agrupación organizaron varios talleres de defensa personal femenina, argumentando que ellos a diferencia del feminismo sí hacen algo por la seguridad de las mujeres. En dichos cursos se enseña un método denominado “systema marcial”, que entre sus tácticas de combate incluye la “doctrina Tueller”. Un elemento que llamó la atención de los abogados de CFK es que durante el allanamiento en el domicilio de Brenda Uliarte se halló una nota manuscrita con los pormenores de esa misma doctrina, que versa sobre el tiempo que tiene una persona para sacar un arma y lograr dispararla en un espacio concurrido sin que se la saquen. Todavía se espera el resultado del peritaje para determinar quién es el escriba.
Cada una de estas derivaciones, que permitirían comprender el entramado de complicidades necesarias para concretar el intento de magnicidio, fueron desdeñadas por la jueza y el fiscal a cargo. Para que no queden dudas sobre el sentido de esta propensión al encubrimiento, Capuchetti se negó a tomar una medida de elemental sensatez: unificar la causa del atentado y la que instruye el juez federal Martínez de Giorgi, donde se investigan el resto de las acciones violentas desplegadas por los grupos aliados de Carrizo, Uliarte y Sabag Montiel. En el próximo capítulo nos ocuparemos de establecer esas conexiones.
parte dos. la hidra de la ultraderecha
El grupo que perpetró el atentado contra CFK participaba de un enjambre de organizaciones de ultraderecha que durante el primer semestre de 2022 cruzaron un umbral: lo que hasta entonces había sido enunciado como un insistente deseo en el plano virtual, pasó al acto en un in crescendo de ataques físicos organizados de manera consciente y planificada. El discurso de odio se hizo carne y se tornó estrategia de aniquilación. Los “copitos” no fueron una patrulla perdida, sino una pieza articulada de una maquinaria más compleja que combinó la acción directa contra lo que esta derecha radicalizada considera “el enemigo” y una estrategia de acceso al poder por la vía electoral. Lejos de ser carriles contradictorios, se complementan de manera exitosa. Al menos por ahora.
La organización que logró ocupar un rol clave en este proceso de radicalización se llama Revolución Federal. Sus miembros fundadores son dos jóvenes que siendo adolescentes se comprometieron con la campaña de Mauricio Macri en 2015, se sintieron defraudados por esa experiencia política y se pasaron a las huestes libertarias.
Jonathan Morel y Leonardo Sosa lanzaron la agrupación en las redes el 11 de mayo de 2022, al principio “Rebelión Federal”. Su primera iniciativa fue convocar a una Marcha de las Antorchas para el 25 de mayo. A modo de difusión realizaron pegatinas y atacaron un local de La Cámpora. A raíz de este episodio, Sosa tiene un intercambio de mensajes con una persona libertaria de San Martín, que muestra cuáles eran las intenciones desde un principio: “Nadie dice que no vamos a hacer cosas ilegales. O sea, vamos a hacer lo que tengamos que hacer”.
Pronto sus intervenciones incluyeron violentos repudios a dirigentes y periodistas vinculados al oficialismo, con agresiones físicas incluidas, ataques a instituciones públicas y peleas callejeras. Utilizaron un megáfono, una pintoresca guillotina casera, antorchas, bombas de estruendo y hasta alguna bomba molotov. También celebraban asambleas virtuales de la que participaban cientos de personas, en las que cobró fuerza una consigna que, según ellos, era clamor popular: “La gente lo dice: la quieren a Cristina muerta, ¿no?”.
Pero el bautismo callejero de RF se concretó antes de lo previsto, cuando acudieron a una movilización frente a la Quinta de Olivos, el día 23 de mayo de 2022, organizada por otra organización de extrema derecha: Equipo Republicano. Morel y Sosa debutan como agitadores con el megáfono y las antorchas, para arengar a una base antikirchnerista furiosa en el clímax de su ebullición. Dos días más tarde repiten la puesta en escena en la Plaza de Mayo, acompañados por la influencer derechista Delfina “Wagner”.
La alianza con Equipo Republicano merece destacarse, porque sus militantes aportaron volumen a la mayor parte de las movilizaciones de RF. Rotuladas por el propio Morel como “las mabeles” por contar entre sus integrantes a muchas jubiladas, despliegan una virulencia notable. La historia del grupo se remonta al año 2014, cuando asumen un activismo judicial que se verá potenciado con la muerte del fiscal Alberto Nisman en enero de 2015, momento a partir del cual orientan su encono especialmente contra CFK. De hecho, una de sus fundadoras fue Marta Campagnoli, hermana del conocido fiscal porteño. Si bien el grupo se define como políticamente independiente, poseen una evidente cercanía a Juntos por el Cambio y expresaron su apoyo a la candidatura presidencial de Patricia Bullrich.
El proceder de Equipo Republicano aparece muy claramente resumido en un evento que tuvo lugar en febrero último, es decir varios meses después del atentado contra CFK, lo cual además muestra que estos grupos siguen operando amparados por la impunidad ambiente. En el marco del juicio que se desarrollaba por el crimen de Lucio Dupuy, un conocido youtuber de ultraderecha publicó un video acusando a un grupo de referentes feministas alegando que sus ideas, de ponerse en práctica, conllevarían la absolución de las mujeres acusadas de asesinar al menor. Inmediatamente, un periodista de la señal de noticias A24 construyó una lectura aún más descontextualizada, diciendo que la directora del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) había solicitado atenuantes para la condena de este proceso, algo lisa y llanamente falso. Acto seguido, las activistas de Equipo Republicano realizaron un repudio en la puerta del organismo de derechos humanos, donde lamentaron públicamente que la directora del CELS no haya sido abortada ni asesinada. El episodio exhibe cómo se articulan redes sociales, medios de comunicación y organizaciones que operan como fuerza de choque en la construcción de un enemigo político que debe ser eliminado.
El tándem Revolución Federal – Equipo Republicano desplegó entre mayo y agosto de 2022 una seguidilla de ataques contra dirigentes políticos oficialistas. Su emblema fue la guillotina de madera, fabricada en la carpintería de Jonathan Morel y estrenada el 9 de julio de 2022, durante el banderazo opositor celebrado en Plaza de Mayo. El cartel que explicita el sentido de la pieza contiene una antorcha encendida cuyo fuego ocupa el lugar del sol en el logo del frente peronista, de modo tal que el TOD☀️S oficial pasa a ser TOD🔥S. Acompañado de una leyenda en la que solo falta la palabra “desaparecidos”: “PRESOS, MUERTOS O EXILIADOS”, reza la pancarta.
El 21 de julio de 2022 arrojaron piedras, basura e incluso intentaron prender fuego un contenedor frente al Instituto Patria, think tank fundado por CFK y dirigido por el senador Oscar Parrilli. El 3 de agosto de ese mismo año agredieron a una camioneta oficial donde se trasladaba Sergio Massa, justo cuando iba rumbo a su asunción como ministro de Economía, mientras el país atravesaba una crisis financiera de alto impacto político. Dos días más tarde la asesora del diputado Javier Milei y ella misma candidata, Lila Lemoine, grabó un video junto al atacante Gastón Guerra, titulado “Los políticos generan violencia”, en el que la libertaria reivindica la acción y le promete ayuda orgánica en caso de ser indagado judicialmente. Los activistas radicalizados concretaron hostigamientos y amenazas contra Victoria Donda, interventora del INADI (“vas a tener el mismo destino de tus viejos… le vas a ir a tocar el timbre a San Pedro”); Víctor Hugo Morales y el canal de noticias C5N (“Por favor, prendería fuego C5N. Y agradecé que somos sesenta, si somos doscientos, uno por uno desaparecen”); Jorge Ferraresi, por ese entonces ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación; Claudia Neira y Maia Daer, legisladoras porteñas (“te vamos a prender fuego… vamos a matarlos uno por uno”).
Fue en este caldo de cultivo virtual y callejero que se gestó la hipótesis concreta de asesinar a la vicepresidenta del país. El 26 de agosto de 2022, apenas seis días antes del atentado, en un space titulado “Hay que pudrirla” y del que participaron alrededor de 800 personas, los seguidores de Revolución Federal se preguntaron quién sería el héroe que podría “quedar en la historia” haciéndose pasar por miembro de La Cámpora en las movilizaciones frente a su domicilio.
Al día siguiente, mientras la Policía de la Ciudad reprimía a los manifestantes que intentaban llegar a la casa de CFK luego del vallado que instaló el gobierno porteño, Revolución Federal realizó un nuevo space titulado “Amor en Recoleta”. Allí se estableció un consenso entre los participantes: a quienes se estaban manifestando para defender a Cristina “hay que matarlos”. Entonces Morel planteó: “Sabes cuál es la paz social, que si me siguen rompiendo las pelotas vamos a agarrar nos armamos cuatro molotov cada uno y lo resolvemos nosotros (…) nos juntamos 20 patriotas y lo resolvemos (…) los milicos no pudieron con todos los montoneros pero quizás nosotros podamos con toda la resaca, con los nietos, con los hijos (…) Quédense viendo las noticias que capaz nos enteramos de algo bueno y llega un avión a lo de Cristina”.
Cinco días después del intento de magnicidio, tuvo lugar otro space con más de 600 personas titulado “Odiadores acá”. A pesar de haberse desligado como agrupación del hecho, allí Morel asintió con entusiasmo los dichos de un usuario que afirmó en relación al atentado: “espero que esto dé el ejemplo y más gente haga cosas”. Esa obscena insistencia en aplicar una violencia fascista sólo amainó cuando la justicia ordenó detenerlos, en octubre de 2022.
el mapa de relaciones
Como venimos sosteniendo, Revolución Federal alcanzó un mayor nivel de protagonismo que el resto de los grupos radicalizados que proliferaron a la sombra de los libertarios y halcones. Pero, al igual que el dispositivo reunido en torno a Gabriel Carrizo (Girosos) y el agite desplegado por Equipo Republicano, hubo otras organizaciones que formaron parte de la red que decidió ejercer la violencia como método político. Para tomar dimensión de este entramado construimos un mapa de relaciones en donde podremos apreciar también una cuestión clave, que desarrollaremos en el próximo capítulo: las conexiones entre estos grupos y los sectores políticos de ultraderecha que hoy pugnan por llegar al gobierno a través del mecanismo electoral.
con mucho más infierno en digestión
La rápida popularidad que alcanzó RF en el universo de la derecha radicalizada le permitió recibir mensajes de apoyo y colaboración desde distintos puntos del país. Algunos de ellos, militares en ejercicio o retirados, así como integrantes de empresas de seguridad privada.
Uno de los más resonados fue el de Franco Ezequiel Castelli, soldado de Río Gallegos que participó de debates virtuales donde se planificaron, coordinaron y difundieron manifestaciones violentas organizadas por Revolución Federal.
Otro caso que nunca tomó estado público es el de Juan Ramón Arias, quien el 30 de julio en unos de los grupos de WhatsApp donde se conspiraba propuso preparar algo “para que los asuste, como una Molotov de una, o bengalas”. Luego de esa sugerencia, Sosa le escribió en privado para consultarle y él respondió que era militar retirado “al llamado de Aldo Rico”, “para defender la patria” de esta “lacra inmunda, asquerosa”. El diálogo prosiguió con la respuesta del fundador de RF, quien le pidió discreción y prometió llamarlo: “estamos viendo de esta semana arreglar una reunión entre nosotros y retirados de las fuerzas para cranear algo para el 18”.
Como mostramos antes, en las movilizaciones de agosto del pasado año efectivamente los integrantes de RF comenzaron a portar bombas molotov, por lo que es bastante verosímil suponer que ese movimiento de cráneos prosperó. La querella de Juan Grabois solicitó en el marco de la causa medidas de prueba sobre Arias, pero el juez Martínez de Giorgi se negó a investigar.
Hay un personaje más, que participó del ataque al Instituto Patria y en los intercambios promovidos por RF planteó lo siguiente: “Argentina tiene un cáncer terminal… con 100 balas extirpamos el cáncer.. (…) Quizás me quedé corto con 100 balas”. Se trata de un taxista que fue detenido en 2016 con “materiales y sustancias inflamables para la comisión de delitos contra la seguridad pública”. Si bien inicialmente se lo vinculó a una protesta contra el gobierno de Mauricio Macri, esa hipótesis fue desmentida por la policía federal. La investigación judicial mostró que no se trataba de un hecho aislado, pues el sujeto pertenecía a un grupo organizado para hostigar a los choferes de Uber.
Mencionemos también a “Dali Revolución”, cuyo nombre es Lidia Casciano. Ella se puso insistente con la idea de llevar adelante la “operación bala”. Activa agitadora en redes sociales, Casciano participó en numerosas movilizaciones de Revolución Federal y Equipo Republicano, y puso a disposición su pistola 9mm en cuatro ocasiones: dos veces durante julio y otras dos los días 25 y 27 de agosto de 2022. Los ofrecimientos de agosto tuvieron una precisión asombrosa, pues hicieron referencia a la posibilidad de gatillar entre la multitud que se reunía cerca de la casa de la vicepresidenta, tal como sucedió el 1 de septiembre.
Pongamos en evidencia ahora un tipo de complicidad particularmente irritante, esta vez por parte de efectivos de la fuerza de seguridad porteña: el lunes 22 de agosto del pasado año, Sosa fue detenido a dos cuadras de la casa de CFK cerca de la medianoche. La detención tuvo como causa la agresión que ejerció contra la Policía de la Ciudad cuando intentaban frenar los enfrentamientos entre militantes kirchneristas e inflamados opositores. En medio de los forcejeos, tanto Sosa como Natanael Menin, otro activista de RF, golpearon y mordieron a los efectivos. Por eso fue reducido y, al caer al suelo, el agente que intervino olió alcohol por lo que abrió su mochila y encontró los componentes de una molotov: botella de vidrio, trapos y mucho alcohol. Luego se comprobó que Menin había arrojado otra molotov a los simpatizantes de la vicepresidenta, que no alcanzó a detonar. Sin embargo, Sosa y Menin no recibieron una penalización, ni siquiera un reto, sino que por el contrario fueron felicitados por los policías porteños, quienes enterados del conflicto se acercaron al domicilio que brindó Menin al ser detenido para transmitirle sus felicitaciones a Sosa. Dijeron que “se merecía un trofeo por atentar contra Cristina”.
No es casual que el líder del grupo, Jonathan Morel, hiciera por aquel entonces la siguiente reflexión: “Con la policía nosotros hablamos siempre; la policía está de acuerdo con nosotros; también son bastante permisivos. Nosotros el otro día le revoleamos antorchas prendidas fuego adentro de la Casa Rosada y tiraron agua. O sea, reprimieron, pero podrían haberse llevado detenidos. No lo hicieron”.
La trama de personajes involucrados directamente en las acciones violentas es extensa y variopinta, pero como este informe no puede extenderse tanto agregaremos al último de ellos: la vecina Ximena Tezanos Pinto, más conocida en sus apariciones mediáticas como “la vecina de Cristina”, por vivir justo en el piso de arriba del departamento en el que reside CFK. Afiliada al partido Republicanos Unidos y asidua participante de las movilizaciones convocadas contra las medidas del gobierno nacional durante la pandemia, estrechó amistad con integrantes de Equipo Republicano, quienes la visitaban en su departamento de Recoleta. Fue una de ellas quien le presentó a Gladys Egui, abogada de los fundadores de RF Leonardo Sosa y Gastón Guerra, quien le alquilaba una habitación. Tres días antes del atentado, tanto Guerra como Sosa estuvieron reunidos en el departamento de Tezanos Pinto. Delfina Meza “Wagner”, militante de ultraderecha y panelista en Crónica TV durante las apariciones de Uliarte y Sabag Montiel en los móviles de esa señal días antes del intento de magnicidio, es la nueva inquilina en la habitación de Tezanos Pinto.
Además de las asambleas virtuales, las movilizaciones organizadas por RF fueron lugares claves para nutrir y fortalecer esta red de grupos decididos a atentar contra personas del oficialismo. Por ejemplo, a “la Marcha de las Antorchas” que se celebró el 18 de agosto frente a la Casa Rosada asistieron, además del Equipo Republicano y la hoy célebre Brenda Uliarte, los miembros del Centro Cultural Kyle Rittenhouse (CCKR) de La Plata. “Nuestro total apoyo al héroe brasileño que intentó hacer justicia por los argentinos”, así tituló el video que compartió en Youtube José Derman, uno de los integrantes del CCKR, inmediatamente después del atentado. En dicha proclama audiovisual lamenta que no hubiera salido el disparo efectuado por Sabag Montiel y llama a que la Argentina se levante en armas para “arrancar de raíz al marxismo”.
Este grupo fundado por Sebastián Federico Poch y Mariela Suárez es un buen ejemplo del derrotero que han ido tomando los distintos componentes de lo que aquí llamamos la derecha radicalizada. El Kyle Rittenhouse (CCKR) fue el primer centro cultural de ultraderecha que abrió sus puertas. Inaugurado en 2020 en el centro de la capital provincial de Buenos Aires, su aporte a la comunidad fueron una serie de agresiones, amenazas y expresiones de odio hacia las mujeres, el colectivo LGTB+, la izquierda, el kirchnerismo y los derechos humanos. Su nombre es un tributo al joven estadounidense de 18 años que asesinó a dos hombres durante los disturbios raciales en Wisconsin, en agosto de 2020. Y algunos de los símbolos que ilustran sus paredes remiten a expresiones supremacistas y neonazis, como el escudo del Comando ucraniano Azov.
Poch, Suárez y Derman se conocieron en las movilizaciones en contra del ASPO, durante la pandemia. Allí se incorporan a Fuerza Unidaria Argentina (FUA), otra agrupación de ultraderecha desde la que participaron en el levantamiento policial que tuvo lugar en la provincia de Buenos Aires en el año 2020. Pero luego rompieron en busca de nuevos horizontes politicos. Así es como en 2022 participan en las movilizaciones a favor de Ucrania, y el 30 de junio un asesor de Patricia Bullrich acude a visitarlos. Al terminar la reunión, Poch grabó un mensaje dirigido a la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio sobre la importancia de la batalla cultural.
Luego del atentado, Derman fue detenido por disposición del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, acusado por el delito de “intimidación pública” a raíz del video anteriormente mencionado. Tras los informes médicos, el juez decretó su inimputabilidad y dispuso su sobreseimiento, mientras sigue la investigación “en miras a determinar la eventual implicación de terceras personas en los sucesos”. A partir de la detención de Derman, el grupo cerró sus cuentas en redes sociales y se dispersó. Pero a partir de marzo de 2023 retomaron el activismo virtual y brindaron entrevistas en las que se presentan como “perseguidos políticos”.
Exactamente lo mismo sucede con Revolución Federal: luego de una detención por orden del juez Martínez de Giorgi que duró 13 días, y de estar algunos meses en el ojo público y mediático, sus principales articuladores redujeron e incluso desactivaron la exposición pública. Sin embargo, en 2023 Leonardo Sosa retomó el protagonismo virtual, con renovada virulencia. Y el pasado 7 de agosto, Morel y Sosa disfrutaron de un lugar privilegiado durante el cierre de campaña de Javier Milei en el Movistar Arena.
Envalentonados por el triunfo electoral de sus referentes políticos en las PASO de agosto, los mismos sujetos que participaron en la gestación del atentado a CFK hoy recuperan el ímpetu y vuelven a proferir amenazas con lenguaje bélico. La impunidad es la principal garantía de repetición.
parte tres. el poder dispara y esconde la mano
El activismo de derecha radicalizada que acabamos de mapear poseía (y posee) vínculos con fuerzas partidarias de ultraderecha que tienen inscripción institucional y están próximas a acceder al gobierno de la Nación. Lejos de contradecirse entre sí, forman parte de un mismo movimiento histórico de alcance global que amenaza al ordenamiento democrático direccionando el odio social generado por la crisis del sistema en contra de figuras o colectivos que representan valores progresistas, de izquierda o que se identifican con los sectores populares.
Como hemos visto en otros países durante los últimos años, por ejemplo en Estados Unidos y Brasil, los gobernantes de ultraderecha lejos de descalificar o llamar a la moderación a sus seguidores, alientan la conformación de estructuras violentas, promueven el armamentismo y coordinan con ellas sus intervenciones, con el objetivo de generar conmoción y preparar las condiciones para el establecimiento de una gobernabilidad autoritaria donde pueda realizarse la utopía capitalista de un mercado emancipado.
En este tercer capítulo mostraremos tres tipos de entrelazamiento concreto entre los grupos de acción directa que atentaron contra la vicepresidenta el pasado año y sujetos muy conocidos de la vida económica y política del país.
a) De qué madera está hecha la dinastía Posse.
La derecha radicalizada en Argentina tiene una veta emprendedora. Si Carrizo, Sabag Montiel y Brenda Uliarte montaron un negocio con copos de azúcar, muy útil para hacer inteligencia de los objetivos que se proponían atacar, el fundador de Revolución Federal fundó Dogo Carpintería, luego de aprender el oficio por YouTube, desde donde fabricó la famosa guillotina que animaba las movilizaciones, así como las antorchas que lanzaron a la Casa Rosada, y que funcionó como centro de conspiración.
La sede del emprendimiento estaba ubicada en el barrio de Boulogne, Partido de San Isidro, y Jonathan Morel contaba con un socio, su excuñado Ariel Balboa. Pero en ese mismo domicilio había funcionado anteriormente el Centro de Jubilados los Abuelos de San Ignacio de Loyola, que fue visitado en el año 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri, en compañía de Gustavo Posse, intendente del distrito, para anunciar el Programa Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados. El acto proselitista fue difundido oficialmente por el propio mandatario.
La pregunta es cómo llegó Morel a instalarse en un inmueble que parecería una apuesta audaz para un principiante. Una línea posible de respuesta surge de los vínculos entre la familia Balboa y el gobierno municipal. Laura Macias, ex suegra del carpintero, es una conocida activista “contra la inseguridad” que organizó marchas y congresos con el apoyo político y económico de la intendencia Posse, y cuenta con contrataciones en el rubro de limpieza del espacio público. La hipótesis de la concejala Celia Sarmiento es que se trataba de un inmueble a cargo del municipio.
El propio Morel explicaba a los compañeros de agrupación que su suegra tenía “mucha banca en San Isidro”, y que podrían contar con ese apoyo para la organización de sus actividades, según consta en un informe realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Por su parte, Carlos Balboa, ex suegro de Morel, figura como empleado de la empresa Mantelectric, una importante contratista del rubro “espacio público”, con vínculo estrecho con la Ciudad de Buenos Aires. La firma, propiedad de la familia Perez San Martín, aparece denunciada por vínculos promiscuos con la gestión porteña del PRO y fue una de los principales aportantes en la campaña del 2007 cuando el macrismo era apenas un proyecto político vecinal. Mantelectric, conocida por las podas indiscriminadas de árboles, podría ser el nexo de Morel con las empresas de Nicolás Caputo.
b) Los fideicomisos de la famiglia Caputo
Según los documentos existentes en la justicia federal, la empresa Caputo Hermanos SA le encargó a Jonathan Morel la fabricación de cientos de muebles para un emprendimiento inmobiliario en Añelo, Neuquén. A cambio le pagaron 15 millones de pesos a través de dos fideicomisos poco transparentes, mitad en negro y mitad distribuidos en cuentas de familiares para no llamar la atención. Las transferencias realizadas durante el primer semestre de 2022 coinciden de una manera sorprendente con las movilizaciones que organizó el grupo de derecha radicalizado.
Semejante vínculo comercial surge de una extraña conexión entre Rossana Pía Caputo –hermana del exministro de finanzas y presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, Luis “Toto” Caputo, y prima de Nicolás “Nicky” Caputo, íntimo amigo del ex presidente– y el líder de Revolución Federal.
Caputo Hermanos SA fue fundada en 2004 por Flavio y Hugo Caputo. Rossana Caputo figura en el acta constitutiva como única directora suplente. Según un informe de la Inspección General de Justicia, se trata de una “sociedad simulada”, es decir “solo un instrumento formal que utilizan los hermanos para llevar a cabo sus negocios personales, con la participación de la hermana de ambos”. Como se constata en su página web, la firma se dedica a un rubro inaugurado por el
fundador del grupo empresarial, Nicolás Caputo, el de la construcción pública y privada.
Según los testimonios judiciales, Rossana Caputo conoció a Morel casualmente en una feria en la que le compró un mueble. Pero resulta que el producto estaba mal fabricado, motivo por el cual la compradora fue hasta el local de Boulogne a exigir una reparación. Morel explica que, como había sido vendedor y poseía buena retórica, ese día logró convencerla de que debía contratarlo para una operación millonaria, a pesar de contar con una carpintería abierta hacía apenas pocos meses y, a todas luces, sin capacidad para cumplir con el encargo. Todo parece indicar que el vínculo entre ambos excedía lo meramente comercial.
La contratación de Morel se realizó desplazando al personal de Caputo Hermanos que ya había comenzado a ocuparse del amoblamiento de Añelo e involucró pagos en efectivo, rompiendo el protocolo habitual de la empresa.
No deja de ser llamativo que precisamente el juicio por el que CFK fue condenada en 2022, y cuyo alegato por parte del fiscal Luciani disparó la serie de acontecimientos que desembocaron en el atentado del 1 de septiembre, buscaba determinar el desvío de fondos por parte de los gobiernos kirchneristas en la obra pública. Una de las denuncias más resonantes que la propia vicepresidenta emitió en su discurso del 23 de agosto del pasado año, conocido como Derecho de Defensa en la Causa Vialidad, fue la permanente comunicación entre José López, exsecretario de Obra Pública, y Nicolás Caputo. Como puede verse en la desgrabación de ese testimonio, Cristina Fernández mencionó 47 veces al empresario. El hallazgo surgido del análisis del teléfono celular de López pronto dejó de mencionarse en las noticias, desplazado por la conmoción que generó el atentado.
Si es cierto que una imagen dice más que mil palabras, vale la pena cotejar la correlación entre los pagos efectuados por Caputo Hermanos a Jonathan Morel y el creciente accionar violento de Revolución Federal:
c) Milman, el clarividente
El rol de Gerardo Milman en la trama de acontecimientos que enmarcan al atentado es muy relevante. Por eso lo dejamos para el final de este informe. Jefe de Gabinete de Patricia Bullrich durante su gestión al frente del Ministerio de Seguridad entre los años 2015 y 2019, estuvo a cargo de áreas sensibles como la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, en la que ubicó a varias personas de su confianza como Carolina Gómez Mónaco y Fernando Villares.
Cuando Macri perdió su reelección y debieron abandonar el gobierno nacional, Milman siguió siendo mano derecha de Bullrich, como jefe de Campaña y pieza clave del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), desde donde se recaudó el financiamiento para la aventura presidencial de la dirigente del PRO.
A pesar de provenir de un partido de origen progresista llamado GEN, Milman se convirtió en un entusiasta partícipe de las virulentas marchas de ultraderecha y fue uno de los pocos halcones que logró colarse en las listas de Juntos por el Cambio para la elección de medio término en 2021. El 10 de diciembre de ese año ingresó a la Cámara de Diputados, donde se desempeñó como vicepresidente del bloque PRO.
Una de sus principales ocupaciones como legislador fue la guerra de Ucrania y desde el inicio del conflicto desplegó un intenso activismo en defensa del país invadido. A mediados de mayo, Milman incluso viajó al escenario bélico para oponerse a lo que consideraba un alineamiento oficial argentino con el agresor ruso.
Pero dos proyectos sobresalen por su sospechosa capacidad anticipatoria. El 18 de agosto, el diputado presentó un pedido de informes al poder ejecutivo donde especula con la posibilidad de que se concreten en los próximos días hechos de violencia política y llega a mencionar un “falso ataque” con el objetivo de victimizar a CFK. De manera notable, este será el argumento desplegado en las redes sociales por la aceitada maquinaria virtual de la ultraderecha ni bien se concretó el atentado del 1 de septiembre. Milman cerraba ese escrito con dos frases sugerentes, que también se escucharon durante esos días en las manifestaciones opositoras donde se proferían deseos de aniquilación:
El pedido de informes contó con el diputado Francisco Sánchez como cofirmante, quien el 22 de agosto consideró insuficiente la pena solicitada por el fiscal Luciani y exigió la pena de muerte.
Apenas dos días antes del atentado, Milman y Sánchez presentaron otro pedido de informes en el que cuestionan el refuerzo de la seguridad de la vicepresidenta, porque “en ningún momento estuvo en peligro en su pequeña república de Recoleta, su lugar en el mundo, en relación con las costosas joyas, carteras y atuendos solventados por los impuestos de los contribuyentes y expropiados por hechos de corrupción”.
Ese mismo día, según un testigo que declaró ante la justicia, el diputado Milman le dijo a dos asesoras suyas, Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, que cuando mataran a Cristina él iba a estar camino a la costa. Fue en el bar Casablanca ubicado en la esquina del Congreso Nacional. Lo escuchó de casualidad el asesor del diputado oficialista Marcos Cleri, que al ver las imágenes del atentado tomó conciencia de la gravedad de la profecía.
La primera reacción de las asesoras al ser convocadas por la justicia fue negar la reunión. Luego, confrontadas con las filmaciones donde se las ve ingresar al establecimiento junto a Milman a la hora señalada, negaron haber escuchado el augurio. Pero cuando les solicitaron sus celulares para ser examinados, una de ellas había cambiado el teléfono sin hacer un backup, y la otra reconoció haberse asesorado para eliminar los rastros.
En una ampliación de su declaratoria realizada en mayo de 2023, Bohdziewicz informó que la limpieza de su celular fue realizada el 10 de noviembre de 2022 por un perito informático en las oficinas del IEES. Según su relato, es el propio Milman quien la cita y le informa que la justicia había dispuesto el secuestro de sus teléfonos. La asesora aclara que desconoce cómo el diputado se enteró de la medida, ya que se trataba de algo reservado. En ese mismo testimonio Bohdziewicz dijo que, luego del atentado,“Jerry (Milman) nos dice en un grupo que busquemos el proyecto de tal día -no recuerdo la fecha- y que lo leyéramos, como canchereando, como que veía el futuro”.
El perito informático que realizó la operación se llama Jorge Adolfo Teodoro, Director Nacional de Tecnología en el Ministerio de Seguridad durante la gestión Bullrich. En abril de 2022 fue contratado en el Ministerio de Gobierno de CABA por el flamante funcionario porteño Jorge Macri, para desempeñar tareas “técnicas, administrativas y/o legales” con el rol de analista, aunque su designación no se publicó en el boletín oficial. En el proceso electoral en curso, Teodoro se desempeña como representante tecnológico de Juntos por el Cambio en las elecciones nacionales, a cargo de la fiscalización del escrutinio provisorio.
Milman fue desplazado de sus cargos y responsabilidades políticas en diciembre de 2022, al conocerse el conjunto de evidencias aquí mencionadas. Sin embargo, su coartada hasta el momento sigue siendo que ningún vínculo concreto lo unía a las organizaciones radicalizadas que decidieron implementar acciones violentas. La participación en marchas en conjunto, argumentó con razón, no es prueba suficiente.
Sin embargo, la querella de CFK solicitó una medida de prueba que fue denegada por la jueza Capuchetti, acerca de un viaje al exterior que habrían realizado el líder de la agrupación Nueva Centro Derecha, Hernán Carrol, y Fernando “Teco” Villares, jefe de Gabinete de Gerardo Milman en el Ministerio de Seguridad. Carrol, recordemos, fue designado por Sabag Montiel a finales de septiembre de 2022 para coordinar su defensa jurídica. De confirmarse esta conexión, la hipótesis de vínculos orgánicos entre las agrupaciones de derecha radicalizada y los sectores partidarios de la ultraderecha quedarían probados.
Más allá de lo estrictamente judicial, resulta oportuno incorporar los hechos protagonizados por Gerardo Milman a la línea cronológica presentada anteriormente, para percibir el modo en que se entrecruzan con la compleja trama que rodea al intento de magnicidio.
parte cuatro. breves palabras finales
El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner puede ser considerado, por sus efectos en la dinámica política local, como un triunfo de la ultraderecha argentina. La impotencia oficial para responder con contundencia y movilizar las reservas democráticas que posee la sociedad fue pasmosa. El intento de magnicidio paralizó al sistema nervioso institucional, como si le hubieran inoculado una dosis de terror capaz de neutralizar cualquier reacción que estuviera a la altura del golpe recibido.
Y al mismo tiempo, de forma casi simétrica, porque la política es ante todo una relación de fuerzas en pugna, las imágenes del ataque armado operaron como un poderoso desinhibidor para los ánimos y lenguajes que pretenden aniquilar aquello que la ultraderecha considera necesario suprimir. No hay que ser muy perspicaz para intuir que entre el 1 de septiembre de 2022 y el 13 de agosto de 2023, entre el atentado y las elecciones primarias en las que Javier Milei salió primero, hay un hilo de continuidad, incluso un proceso de acumulación cuya principal consecuencia es el desplazamiento de la líder del peronismo del centro de gravedad de las discusiones sobre la vida en común.
Ahora bien, la magnitud del acontecimiento del que hoy se cumple un año no debe encandilarnos. No se trata del único y mucho menos del último ataque violento protagonizado por la derecha radicalizada argentina. Necesitamos asumir que este accionar viene desplegándose de manera sistemática y puede llegar a incrementarse. No sirve de nada fingir demencia. Tampoco su visibilización tiene por qué apabullarnos. Toca mirar al problema de frente y enfrentarlo con nuestras propias armas, que a la postre siempre son más potentes: memoria, verdad y justicia.
Desde el Equipo de Investigación Política de la revista Crisis, en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), pondremos muy pronto a disposición la plataforma RADAR (Registro de Ataques de Derechas Argentinas Radicalizadas) como una herramienta de conocimiento y concientización sobre el riesgo que implica el crecimiento de estas renovadas formas de violencia antidemocráticas.